LA INSEGURIDAD COMO EJE DEL PROBLEMA

La política de seguridad, elaborada con el asesoramiento del Manhattan Institute (La entidad norteamericana es especialista en recetas policiales de “tolerancia cero”) una política que apunta al delito callejero, entendido como reflejo de la "corrupción moral" de una sociedad. De allí que reclame la intensificación del castigo al pequeño delito y a las infracciones menores. Estas políticas profundizan la selectividad del sistema penal, es decir, el hecho de que son los pobres quienes hoy llenan las cárceles de Córdoba. Al disociarse las causas estructurales que originan el delito, son los pobres quienes permanentemente son clientes de la Justicia por delitos menores.
La traducción de esta política a la política policial, quedó clara en las denuncias publicadas por el diario La Mañana de Córdoba (allá por el año 2005), donde aparecen las detenciones arbitrarias como condición para demostrar la "eficiencia" de la institución policial. "Por primera vez, policías admiten que hay órdenes expresas de "levantar a gente en las calles para abultar las estadísticas internas. La exigencia mínima es lograr de cinco a siete "contraventores" por patrulla y por turnos. Los que no cumplen, son sancionados con más horas de trabajo". Las cifras de las estadísticas policiales hablan de la multiplicación de las detenciones por contravención en los últimos 3 años. Durante la primera mitad del año 2007 se realizaron 8.978 detenciones a través del Código de Faltas, mientras que en el año anterior, completo, se registraron 5.201.
Esta situación, que multiplica el número de personas detenidas, junto al desentendimiento del Estado respecto de su responsabilidad sobre las condiciones y situación de quienes están presos (como parte de la sistemática política de implementación del neoliberalismo durante los ´90) ha sido clave para comprender el estallido que significó por ejemplo la rebelión del Penal de San Martín durante el mes de febrero del año 2005. Las condiciones de extremo hacinamiento, la vulneración de derechos básicos de quienes están presos a través del incumplimiento de la Ley Nacional Nº 24660 (ejecución de la pena privativa de la libertad, en la que enmarca para el condenado un periodo de observación, un periodo de tratamiento, un periodo de prueba y un periodo de libertad condicional) entre otras causas, desencadenaron uno de los hechos más importantes en la historia de la institución penitenciaria en la provincia.
En este marco, la respuesta del Gobernador de la Provincia dejó planteada con claridad su idea respecto de los problemas vinculados a la situación carcelaria y al lugar de la cárcel en la sociedad. En declaraciones del 10 de febrero del 2005, a horas de iniciado el motín, dijo: "El que va preso en Estados Unidos no tiene ningún derecho. Los presos son presos, no tienen visitas sexuales como en Argentina, o teléfonos públicos que algunos utilizan para hacer secuestros virtuales. Esa no es la rigurosidad que hay en Argentina en virtud de que nuestro país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica", y remató: "El Pacto de San José de Costa Rica les concede algunos derechos que les dan algún margen de maniobra." De este modo, el respeto de los derechos humanos es un problema para la política penal en la provincia, derechos que a su parecer son sólo para algunos: "Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes."